Estados demandan al gobierno de Trump por exigir a universidades recopilar datos raciales
BOSTON (AP) — Una coalición de 17 fiscales generales de estados demócratas presentó el miércoles una demanda en contra de la política del gobierno del presidente Donald Trump que exige a instituciones de educación superior recopilar datos que demuestren que no consideran la raza de solicitantes en su proceso de admisión.
Trump ordenó la nueva medida en agosto, después de expresar su preocupación de que colegios y universidades estuvieran usando declaraciones personales y otros sustitutos para tomar en cuenta la raza de los solicitantes, una práctica que considera como discriminación ilegal.
La Corte Suprema falló en 2023 en contra del uso de la acción afirmativa en el proceso de admisiones, pero señaló que las instituciones aún podían tomar en cuenta la manera en que la raza había moldeado la vida de los estudiantes si los solicitantes compartían esa información en sus ensayos de admisión.
“Las acciones ilegales y caprichosas de este gobierno están amenazando el bienestar de los estudiantes de Massachusetts y la prosperidad de nuestros colegios y universidades”, subrayó la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell. ”No hay manera de que las instituciones puedan entregar datos precisos de forma razonable dentro del plazo apresurado y arbitrario del gobierno federal, y es injusto que se amenace a las escuelas con multas, la posible pérdida de financiamiento e investigaciones infundadas si no cumplen con las solicitudes del gobierno”.
La demanda se interpuso en un tribunal federal en Boston.
Ellen Keast, portavoz del Departamento de Educación, defendió la recopilación de datos.
“Los contribuyentes estadounidenses invierten más de 100,000 millones de dólares en educación superior cada año y merecen transparencia sobre cómo se está gastando su dinero”, indicó Keast en un comunicado. ”Los esfuerzos del Departamento ampliarán una herramienta de transparencia existente para demostrar cómo las universidades están tomando en cuenta la raza en sus admisiones. ¿De qué buscan proteger los fiscales generales estatales a las universidades?”.
La nueva política es similar a partes de los acuerdos recientes que el gobierno negoció con la Universidad de Brown y la Universidad de Columbia, a las que restableció fondos federales para la investigación. Las instituciones aceptaron entregar datos al gobierno sobre la raza, el promedio de calificaciones y los puntajes de exámenes estandarizados de solicitantes, estudiantes admitidos y alumnos inscritos. También aceptaron una auditoría por parte del gobierno y publicar estadísticas de admisión.
El memorando instruye a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a exigir que las universidades entreguen más datos “para proporcionar una transparencia adecuada en las admisiones”. El Centro Nacional de Estadísticas de Educación recopilará nuevos datos, como la raza y el sexo de los solicitantes, estudiantes admitidos y alumnos inscritos. McMahon indicó que los datos, que deben entregarse a más tardar el 18 de marzo, deben desglosarse por raza y sexo y reportarse de manera retroactiva para los últimos siete años.
Si las universidades no presentan datos completos, precisos y a tiempo, McMahon puede tomar medidas en virtud del Título IV de la Ley de Educación Superior de 1965, la cual establece los requisitos para las universidades que reciben ayuda financiera federal para estudiantes, de acuerdo el memo.
Campbell arguye que el estudio fue elaborado con prisa y “deja a las instituciones vulnerables a errores involuntarios y a datos poco fiables que podrían derivar en sanciones económicas e investigaciones infundadas sobre sus prácticas, además de que pone en riesgo la privacidad de los estudiantes y podría facilitar la identificación de las personas”.
El gobierno utiliza el Sistema Integrado de Datos de Educación Postsecundaria, (IPEDS por sus iniciales en inglés) para recopilar información de miles de colegios y universidades que reciben ayuda federal. La coalición también argumenta que los nuevos requisitos de recopilación de datos ponen en riesgo la privacidad de los estudiantes.
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